“Si todo hombre tiene derecho, como exigencia de su dignidad esencial, a participar en el patrimonio y en la actividad cultural de la comunidad, o mejor, de las comunidades a las que pertenece, entre ellas, seguramente, la comunidad-límite que es la humanidad, de ello se deriva que las autoridades responsables de esas comunidades tienen el deber de proporcionar los medios, en la medida de los recursos de que dispongan para que esa participación sea efectiva… Este es el primer fundamento y el primer fin de la política cultural” [1]

Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales. Informe Final, París, 1970

Introducción


La identidad cultural juega un papel importante para que el ser humano pueda desarrollarse plenamente. Las múltiples formas en que se manifiesta la diversidad cultural, sean lenguas, religiones, tradiciones entre otras, deben ser plenamente reconocidos por el Estado para su protección y perpetuidad, siempre y cuando esa manifestación no transgreda los derechos de otra cultura; así mismo, las sociedades deben exigir el derecho de ejercer y recrear libremente su cultura.
“Promover y tolerar la diversidad para poder vivir de una manera justa en las sociedades modernas caracterizadas por su pluralidad cultural, es un reto y una meta que nos corresponde a los seres humanos del siglo XXI” [2]. Por ello es importante que los derechos culturales sean más reconocidos pero sobre todo, visibles. Estos derechos son de los que la población menos informada está pero que son fundamentales para la creación y recreación de los individuos.
Sin un derecho tan importante como es el cultural, que promueva el reconocimiento a la diferencia, una sociedad basada en la democracia no podría funcionar ya que una sociedad democrática, entre otras características, se basa en la tolerancia, la libertad e igualdad de sus ciudadanos. Los derechos culturales entran justo ahí en la labor de “promover el respeto a la diversidad de ser, pensar, de actuar, de desarrollarse, de proyectar un futuro y defender un pasado, que creara una cohesión social y un entorno de paz” [3].

DERECHOS HUMANOS


Los derechos humanos son inherentes a cada persona, irrevocables, inalienables, intransferibles y no renunciables; siendo elementos básicos que garanticen que el ser humano pueda tener una existencia digna. (Cottom, 2010. 15)
Es así que los derechos culturales se deben comprender en el marco de los derechos humanos y que no se le pueden deslindar ni de este ni de otros derechos como los cívicos, políticos, económicos y sociales, porque tanto “se vinculan entre sí como se condicionan mutuamente” (Pablo, 2006. 91).

Podemos encontrar categorías dentro de los derechos humanos. Por un lado tenemos los llamados derechos positivos, donde son impuestos a distintos agentes la labor de realizar determinadas acciones de carácter positivo con el objeto de garantizar el cumplimiento de aquellos derechos; y los llamados derechos negativos, donde se encuentran obligaciones ajenas de no injerencia, como el derecho a la intimidad (Cottom, 2010. 26)
Por otro lado, está la distinción de derechos humanos en generaciones, propuesta por Karel Vasak en 1979, a partir de los valores que eran el estandarte de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. La primera generación de derechos humanos está asociada con la libertad, que corresponde a los derechos civiles y políticos, siendo estos derechos negativos por la razón de que exigirían de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la vida privada. En la segunda generación ubicamos a los derechos económicos, sociales y culturales, vinculados con el derecho de igualdad, que serían derechos positivos pues el Estado debe ser el que procure la realización de estos derechos por medio de servicios públicos, prestaciones, etc. Finalmente tenemos a la tercera generación vinculada con la solidaridad, que tiene que ver con aquellos elementos donde todos los humanos convergen, es el caso del derecho a la paz mundial para una sociedad unida o a un medio ambiente sano y libre de contaminación. (Cottom, 2010. 27)


DERECHOS CULTURALES



“El derecho cultural es un subsistema jurídico normativo que tiene un objeto directo y otro indirecto: por un lado, regula relaciones del mundo de la cultura objetiva, dinámica, cuantificable y enajenable; por el otro, se extiende a la cultura subjetiva, estática, inmensurable y no enajenable.

En tanto norma, el derecho cultural establece hipótesis generales, abstractas e impersonales que regulan relaciones sociales, intersubjetivas e interinstitucionales, muchas veces mediante mandatos respaldados por sanciones en caso de incumplimiento tratando de atender dos principios socialmente valiosos como son el derecho universal a participar en la creación y el disfrute de de la cultura; y el derecho a desarrollarse y preservar una identidad cultural individual, social y nacional. De esta manera, conocimientos, obras, bienes, productos y servicios, y en ellos y a través de ellos, sentidos, interpretaciones, símbolos o significados pueden ser creados y disfrutados, preservados y promovidos, individualmente o de manera compartida, por una pluralidad de sujetos sociales interactuantes dentro de un orden jurídico históricamente dado.” (Ávila, 2000. 50)

A.H. Robertson, abogado quién alguna vez fungió como director de Derecho Humanos del consejo de Europa, señala que es preciso hacer una distinción entre los “derechos culturales” (que tienen un sentido más amplio e integrador), y los “derechos a la cultura” (que tienen un sentido más estricto y especifico, con denotación de acceso a los bienes, servicios y productos derivados de la creación intelectual y artística). (Ávila, 2000. 55-57)

El antropólogo y jurista Bolfy Cottom señala que los derechos culturales “son aquellos derechos humanos que corresponde a toda persona por el hecho de pertenecer a una cultura (entendida ésta, como una forma de ser, de vivir, de concebir la vida misma individual o colectivamente), asumiendo que todo ser no solo pertenece a una comunidad cultural (o varias comunidades culturales) cualquiera que sea” (Cottom, 2010. 8). Mientras que el también jurista, Edwin R. Harvey, haciendo una recopilación de enunciados y artículos en documentos internacionales relacionados a derechos cultuales, define los derechos a la cultura como “un derecho individual que le otorga a la persona los derechos de participar en la vida cultural de la comunidad, tomar pate libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes, disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos (Ávila, 2000. 55)

Bolfy Cottom, hace la reflexión sobre el concepto “Derecho a la cultura”, ya que en sugiere “es errónea e incluso puede resultar racista e integracionista, pues su contenido por donde se le quiera ver discutible pues parte de un falso supuesto de que la gente es inculta y el Estado debe darles el derecho a ser culto lo que significa erigir al Estado en un ente omnipotente, capaz de estar por encima de la condición humana misma, lo cual es inadmisible” (Cottom, 2010. 10)

Sin embargo, esta distinción entre derechos culturales o derecho a la cultura no se hace presente en las declaratorias, pactos o acuerdos internacionales y nacionales. Es una discusión que se plantea en torno a la conceptualización de este derecho humano.



DERECHOS CULTURALES EN MÉXICO


En México, el derecho se halla conformado no solo por normas de derecho público, normas de derecho privado y normas de derecho social. Desde la constitución de 1917 se establece que debe haber un equilibrio entre los derechos privados y los derechos de la sociedad a través de una coparticipación del Estado. De esta manera, en México los derechos individuales (cívicos y políticos) coexisten con los colectivos (socioeconómicos y culturales), pero aquí los derechos culturales comparten una doble filiación: son derechos individuales y también son de la colectividad. Así, se sugiere denominar un derecho cultural general para los individuos y grupos sociales, además, que dada la pluralidad étnica y cultural en México, se exige hablar de derechos de las comunidades nacionales que incluyan centralmente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, como también de las llamadas culturas populares. Entonces, el derecho cultural nacional se dividiría en derecho cultural general y derecho cultural de las comunidades nacionales (Ávila, 2000. 62)
  1. Derecho cultural general.
a) Disposiciones constitucionales referidas a la cultura
b) Derecho a la educación
c) Derecho universitario
d) Derecho de autor
e) Derecho del patrimonio cultural
f) Derecho de las artes
g) Derecho de los medios de comunicación

2. Derecho cultural de las comunidades nacionales.
a) Derecho de las comunidades indígenas
b) Derecho de la promoción de las culturas populares
c) Derecho de los símbolos nacionales

Precisamente, en nuestra constitución actual referente al derecho cultural, se publican el 30 de abril de 2009 las nuevas reformas al artículo 4° constitucional y al 73°. En cuanto al artículo 4° se añade un noveno párrafo, el cual dice:
“TODA PERSONA TIENE DERECHO AL ACCESO A LA CULTURA Y AL DISFRUTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO EN LA MATERIA, ASI COMO EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS CULTURALES. EL ESTADO PROMOVERA LOS MEDIOS PARA LA DIFUSION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ATENDIENDO A LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES CON PLENO RESPETO A LA LIBERTAD CREATIVA. LA LEY ESTABLECERA LOS MECANISMOS PARA EL ACCESO Y PARTICIPACION A CUALQUIER MANIFESTACION CULTURAL.
(REFORMA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE ABRIL DE 2009)[4].

“La actividad consistente en escribir una obra literaria, musical, teatral o para el cine y la televisión, sumada al requerimiento de certificar su originalidad, garantizar su autoría y disfrutar de los beneficios de su difusión, es la fuente originaria del derecho de autor” (Ávila, 2000. 64); “por lo que la reforma al artículo 73° de la constitución, adicionando la fracción XXV, se da para legislar en materia de este derecho” (Cottom, 2010. 61), siendo así lo añadido al artículo:
XXV. PARA ESTABLECER, ORGANIZAR Y SOSTENER EN TODA LA REPUBLICA ESCUELAS RURALES, ELEMENTALES, SUPERIORES, SECUNDARIAS Y PROFESIONALES; DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DE BELLAS ARTES Y DE ENSEÑANZA TECNICA, ESCUELAS PRACTICAS DE AGRICULTURA Y DE MINERIA, DE ARTES Y OFICIOS, MUSEOS, BIBLIOTECAS, OBSERVATORIOS Y DEMAS INSTITUTOS CONCERNIENTES A LA CULTURA GENERAL DE LOS HABITANTES DE LA NACION Y LEGISLAR EN TODO LO QUE SE REFIERE A DICHAS INSTITUCIONES; PARA LEGISLAR SOBRE VESTIGIOS O RESTOS FOSILES Y SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, CUYA CONSERVACION SEA DE INTERES NACIONAL; ASI COMO PARA DICTAR LAS LEYES ENCAMINADAS A DISTRIBUIR CONVENIENTEMENTE ENTRE LA FEDERACION, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS EL EJERCICIO DE LA FUNCION EDUCATIVA Y LAS APORTACIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES A ESE SERVICIO PUBLICO, BUSCANDO UNIFICAR Y COORDINAR LA EDUCACION EN TODA LA REPUBLICA. LOS TITULOS QUE SE EXPIDAN POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE QUE SE TRATA SURTIRAN SUS EFECTOS EN TODA LA REPUBLICA. PARA LEGISLAR EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y OTRAS FIGURAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON LA MISMA. (REFORMA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE ABRIL DE 2009) [5]



DECLARACIÓNES INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS CULTURALES



Han sido varias las declaratorias referentes a los derechos culturales con el fin de justificarlos, hacerlos valer y respetarlos. Las violaciones a los derechos humanos sean por guerras o por abuso de poder han obligado a establecer mecanismos que puedan regular estos derechos de forma que puedan ayudar al desarrollo de los pueblos, comunidades y sociedad.

Siendo muchos los documentos internacionales relacionados con este derecho inherente de los seres humanos menciono a continuación los más destacables:
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y llevado a firma por medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de septiembre de 1966, y entrando en vigor el 3 de enero de 1975, “reconoce que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.

El PIDESC, por sus siglas, está conformado por 5 partes donde incluye 31 artículos

Partes
Artículos
Descripción
Parte I
Artículo 1
Reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos, incluido el derecho a "determinar libremente su condición política", procurar su desarrollo económico, social y cultural, y gestionar y disponer de sus propios recursos. Se reconoce un derecho negativo de un pueblo a no ser privado de sus medios de subsistencia, e impone la obligación de que las partes todavía responsable de la no autónomos y territorios en fideicomiso (colonias) para estimular y respetar su libre determinación.
Parte II
Artículos 2 a 5
Establece el principio de "realización progresiva". También requiere el reconocimiento de los derechos "sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". Los derechos sólo pueden ser limitado por la ley, de manera compatible con la naturaleza de los derechos, y sólo con el fin de "promover el bienestar general en una sociedad democrática".
Parte III
Artículos 6 a 15
Listas de los propios derechos. Estos incluyen los derechos a:
  • Trabajo, bajo "condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias",[ con el derecho a fundar y afiliarse a los sindicatos (Artículos 6, 7 y 8);
  • Seguridad social, incluso al seguro social (Artículo 6);
  • La vida familiar, incluida la licencia parental remunerada y la protección de los niños (Artículo 10);
  • Un nivel de vida adecuado, incluso alimentación, vestido y vivienda, y la "mejora continua de las condiciones de existencia" (Artículo 11);
  • La salud, específicamente el "más alto nivel posible de salud física y mental" (Artículo 12);
  • La educación, incluida la enseñanza primaria universal y gratuita, disponible en general, la enseñanza secundaria, e igualmente accesible la educación superior. Esto debe estar encaminada a "el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales",y ayudar a todas las personas para participar efectivamente en la sociedad (Artículos 13 y 14);
  • participación en la vida cultural (Artículo 15).
Parte IV
Artículos 16 a 25
Regula la presentación de informes y de seguimiento del Pacto y las medidas adoptadas por las partes para su aplicación. También permite que el órgano de vigilancia - originalmente el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ahora el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Hacer recomendaciones generales a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las medidas adecuadas para la realización de los derechos. (Artículo 21)
Parte V
Artículos 26 a 31
Regula la ratificación, entrada en vigor, y la modificación del Pacto.
[6]

Cabe destacar el artículo 15° el cual nos hace referencia al libre desarrollo y goce en cuento a la cultura:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales” [7]

  • Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Creado en Ginebra el 7 de junio de 1989. Toda nación que adopte este convenio “tendrán un año para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante. Los países que ratificaron el Convenio están sujetos a supervisión en cuanto a la implementación”.

Protege a los pueblos indígenas y tribales, dándole respaldo a sus costumbres y tradiciones, a su forma de vida, modos de subsistencia, idioma, organización social y política. Estipulado en el artículo 3° y 4°, da la facultad a los pueblos de gozar de todos sus derechos humanos sin discriminación, ya que esta es una de las razones por las que padecen de limitantes sociales.

Mismamente, en el artículo 4° se establece que dada la situación de vulnerabilidad de estas sociedades, el Estado está obligado a adoptar medidas especiales para salvaguardar a las personas, a sus instituciones, bienes, cultura y demás elementos que para el pueblo represente una forma de identidad o algo valioso para su desarrollo (como el aprovechamiento y uso del territorio que les rodea), ya que cualquier decisión que tome el Estado tendrá una injerencia directa y sustancial en la comunidad.

Exige que los pueblos y comunidades indígenas sean consultados en relación a temas que los afectan, de esta manera puedan participar de forma libre e informada. Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente. Las consultas efectivas que se llevan a cabo para su opinión deben de hacerse en buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo, llevada a cabo en tiempo real y en un idioma que pueda ser comprendido por el pueblo, sea este su lengua materna o una lengua intermediaria.

El artículo 7° establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.
[8]



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DERECHOS CULTURALES Y SU INTERDISCIPLINARIEDAD


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Para poder entender una realidad social, adaptarse, y funcionar un sistema jurídico, es necesaria la interdisciplinariedad del derecho con otras disciplinas. En el caso del derecho cultural podemos enlistar las siguientes ciencias con las que se relaciona
  • Sociología y Antropología. La cultura se genera en un entramado social complejo, diverso, contrastado y cambiante que produce diferentes clases de conocimientos, obras y símbolos, usando diferentes medios para distribuirlos en la propia sociedad. Por ello el conocimiento de la cultura de una sociedad exige de las adquisiciones de la sociología y la antropología para entender quienes, como y para que se producen aquellos materiales y sentidos simbólicos. El derecho cultural aparece como un espacio en el cual sociedad y cultura expresan y concilian sus convergencias y divergencias a la luz de referente del poder. (Ávila, 2000. 67)
  • Ciencias Políticas. Ayuda a explicar la estructura y funcionamiento del poder en una sociedad dada; permite percibir la forma en que la sociedad y sus componentes pugnan por hacer predominar su propia cultura simbólica ante el resto de los actores que entran en el juego político. Colabora a la comprensión del papel del Estado no sólo como actor social en competencia por la legitimidad son en términos del principio de gobernabilidad de la heterogeneidad contradictoria que representa la sociedad y los individuos que la componen, a cuya estabilidad el derecho cultural contribuye con normas que propician el acceso democrático a la creación y disfrute de la cultura igualmente diversa, no menos que como estructuración de papeles sociales para la organización y ejecución de políticas públicas culturales. (Ávila, 2000. 67)
  • Economía. Los esquemas de financiamiento del sistema cultural, ligados frecuentemente al modelo de desarrollo económico del conjunto de la sociedad, obligan en una perspectiva política a apreciar el derecho cultural como el marco en el que se regula la parte sustancial del juego entre los agentes sociales y sus implicaciones en la forma de gobierno de la sociedad, y por tanto, conduce a asignarle la relevancia que le es propia y creciente. Vista desde el ángulo de las relaciones entre sujetos y derecho privado, la conexión entre derecho cultural y economía adquiere una relevancia especial puesto que el creciente valor económico e impacto sociocultural de las industrias culturales convierte en imperativo el requerimiento de regular adecuadamente sus actividades. (Ávila, 2000. 67-68)
  • Comunicación. Los objetos de normatividad y conocimiento del derecho cultural no sólo son comunicables como información jurídica sino que también, a través de los medios de comunicación masiva y sus diferentes circuitos corre la cultura (conocimiento, obras, bienes, productos, servicios) que porta significados, cuyo impacto social, político y económico es innegable. (Ávila, 2000. 68)



CONCLUSIÓN


Los derechos culturales cada vez se han vuelto más visibles, sin embargo, son derechos que llegan a ser ignorados quizá por la complicada cuestión relacionada con la identificación de los derechos culturales, más específicamente, con la definición del término “cultura” [9], ya que normalmente (e incluso se ve en las declaraciones internacionales), la cultura se llegó y llega a reducir a manifestaciones artísticas. El encasillamiento de un concepto tan propio del hombre puede llevar a complicar el funcionamiento de las instituciones en cuanto al cumplimiento del mencionado derecho, además que crea falsas expectativas respecto a los alcances del Estado o el gobierno en el ámbito cultural.
Esto hace ignorar la importancia de los derechos culturales, pertenecientes a todos los humanos, siendo que engloban y protegen más que derechos de autor (afín al concepto que normalmente se tiene por cultura), almacenan derechos tan indispensables como la defensa a la libre religión, la forma de vida, educación y una lista de capacidades que no nos son informadas, y por ende, no las aprovechamos.
Por esa razón, es conveniente que se lleven a cabo programas tanto nacionales como internacionales para la información masiva de los derechos en todos sus variantes; así el hombre podrá empoderarse y no sufrir de problemas como la exclusión, la discriminación, o algo tan simple como es el derecho a la vida.
Es cierto que en 2008 se dio un paso importante con la incorporación al artículo 4º constitucional del derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia; sin embargo, no ha sido posible abatir el rezago presupuestario en esta materia y mucho menos fortalecer el proceso de democratización de la cultura en el país
“También es importante establecer mecanismos de comunicación, dialogo, y debate por medio de los cuales se recuerde a los poderes públicos los compromisos asumidos, forzándolos a incorporar, entre las prioridades del gobierno, a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos culturales” (Ely-Abramovich, 2006. 156).
“Tomemos conciencia de que para conseguir un desarrollo sostenible en México, es prioritario asegurar el derecho a la educación y a una serie de libertades fundamentales como las de información, expresión, pensamiento, identidad y de religión, entre otras. No debemos dejar pasar más tiempo para voltear a ver a la cultura y a la educación como los derechos que nos permitirán alcanzar la cohesión social y realizar las expectativas a favor de una vida plena de derechos” [3].

DICCIONARIO


Norma: es una regla dirigida al ordenamiento del comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar aparejado una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. La norma trata de motivar la abstención de violar las condiciones de convivencia y dañar bienes jurídicos, de la misma manera que los protege. [10]

Subsistema Jurídico Normativo: se refiere a las normas o leyes; el proceso de establecerlas (el legislativo) y el proceso de hacerlas cumplir). Para un ciudadano hay dos subsistemas jurídicos: uno civil (ley) y uno moral que incluye costumbres, tradiciones familiares, religiosas no incorporadas a la ley civil. [11]

BIBLIOGRAFÍA